Consulta pública del proyecto de Orden Ministerial para la regulación del personal directivo público profesional en el marco de lo dispuesto por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre

El proyecto de Orden Ministerial para la regulación del personal directivo público profesional en el marco de lo dispuesto por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre se encuentra sometido a consulta pública hasta el 29 de febrero de 2024​.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, esta consulta pública previa tiene como objeto recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

• Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
• La necesidad y oportunidad de su aprobación.
• Los objetivos de la norma.
• Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, podrán hacer llegar sus comentarios sobre el proyecto de Orden Ministerial para la regulación del personal directivo público profesional en el marco de lo dispuesto por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre hasta el 29 de febrero de 2024, a través del siguiente buzón de correo electrónico: secretaria.consultoria@digital.gob.es​​.

Consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Orden Ministerial para la regulación del personal directivo público profesional

La necesidad de abordar en nuestro país una reforma de la Administración y del empleo público constituye un compromiso contemplado en el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como objetivos la revitalización de los instrumentos de planificación, ordenación y gestión de los recursos humanos, la ordenación y gestión de los recursos humanos, la garantía de la efectividad de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, así como la transparencia y agilidad de los procesos selectivos, la regulación de la evaluación del rendimiento con arreglo a un marco basado en las competencias y el desarrollo de la figura del personal directivo público profesional.

Así, el hito 148 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece la adopción de medidas normativas a fin de reforzar el acceso a puestos de altos funcionarios (a saber, subdirectores generales y puestos similares) en función del mérito y de la competencia.

Asimismo, la Comisión Europea ha presentado recientemente una nueva Comunicación sobre Mejora del Espacio Administrativo Europeo (ComPAct), cuya finalidad es mejorar el Espacio Administrativo Europeo y avanzar en la modernización de las Administraciones Públicas sobre la base de un conjunto de principios globales que promuevan la calidad de las actuaciones administrativas y, en concreto, de una función pública imparcial, profesional, basada en el mérito, colaborativa y eficaz, que cuenta con buenas condiciones de trabajo.

De esta manera, esta iniciativa pretende incardinarse en los principios de ComPAct y, en particular, en el primer pilar sobre la Agenda de Capacidades para la Administración Pública.

Acceso a la Comunicación sobre Compact

Así, uno de los objetivos es garantizar una capacidad y profesionalidad estable, anticipando el desarrollo al largo plazo del personal y sus capacidades. Es en el este punto en el que el personal directivo adopta un rol fundamental, al ser un vector de impulso de la transformación e innovación en la Administración Pública, siendo la selección y formación del directivo público un elemento clave.

Más allá, la función directiva resulta esencial en la promoción del segundo y tercer pilar de ComPAct: Capacidad para la Década Digital de Europa y Capacidad para liderar la transición ecológica.

Son los directivos públicos quienes han de asumir la función dirigir y coordinar los esfuerzos hacia la transformación digital, asegurando que se cumplan los objetivos establecidos para esta década digital. En paralelo, han de liderar la transición ecológica de las administraciones, puesto que estas, en todos los niveles, deben dar ejemplo, adaptando su propia gestión organizativa y promoviendo la sensibilización del personal sobre la ecologización.

En este contexto el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo regula en el Título IV, del Libro Segundo sobre medidas legislativas urgentes en materia de función pública la figura del directivo público profesional.

Así, en el ámbito de la Administración del Estado tendrán la consideración de personal directivo público profesional las personas que desempeñen funciones directivas para el desarrollo de políticas y programas públicos, con margen de autonomía, de acuerdo con los criterios e instrucciones directas de sus superiores y con responsabilidad en su gestión y control del cumplimiento de los objetivos propuestos en desarrollo de los planes de actuación de la organización en la que desarrollen sus funciones.

El Real Decreto-ley específica que esta consideración recaerá específicamente en las personas titulares de las subdirecciones generales, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de que otras personas titulares de unidades del ámbito de la Administración periférica sean asimilados y de la propia regulación en el ámbito del sector público institucional estatal.

Para completar la regulación en los términos incluidos en el hito, el Real Decreto-ley prevé que en el ámbito de la Administración del Estado, el departamento ministerial competente en materia de función pública dictará las normas necesarias para adaptar los procedimientos de provisión al nombramiento de personal directivo.

Mediante esta iniciativa normativa se pretende dar cumplimiento al hito CID (Council Implementing Decision) número 148, que forma parte de la medida 2 de la reforma 1 del componente 11 (C11.R1.2) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se centra en el refuerzo de las capacidades del empleo público.

Según el hito, el cumplimiento se producirá con la entrada en vigor de varias medidas regulatorias relacionadas con la función pública de la Administración Estatal, entre las que se encuentra el acceso a puestos de altos funcionarios en función del mérito y de la competencia a través de normativa ministerial.

Esta iniciativa responde a los criterios de necesidad y oportunidad en tanto que abordará uno de los elementos que forma parte de la reforma y modernización de la Administración Pública.

Así, la necesidad de la norma viene determinada porque la aprobación de la orden ministerial es requisito para el cumplimiento del hito CID número 148 y para el desembolso de los fondos previstos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de acuerdo con las disposiciones operativas dictadas en cumplimento del artículo 20.6 del Reglamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Por otro lado, la oportunidad de esta norma viene de determinada por avanzar en la configuración de un modelo de dirección pública profesional que, dentro del marco general de provisión de puestos, establezca especialidades dirigidas a fortalecer la capacidad de liderazgo en la función pública. Adicionalmente, esta Orden articula herramientas de gestión de estos puestos, así como de atracción del talento, como elemento esencial para la modernización administrativa.

La norma tiene como objetivo dar un paso más en el desarrollo y regulación del acceso a puestos de altos funcionarios en función del mérito y la competencia, en línea con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De esta manera, se pretende generalizar la aplicación de una serie de criterios para el nombramiento del personal directivo público profesional.

Por otro lado, en el marco del primer pilar de ComPAct, en lo relativo a la formación y desarrollo de capacidades, se reconoce específicamente la necesidad de preparar al personal directivo para la complejidad de sus funciones, especialmente porque desempeña un papel crucial a la hora de proponer y aplicar reformas en la Administración Pública, aprovechar el talento e impulsar la innovación. Esta norma pretende alinearse con esta perspectiva, abordando de forma integral la figura del personal directivo.

El hito 148 prevé que la regulación de desarrollo del acceso del personal directivo público se realice mediante orden ministerial y el artículo 125.2, 3 y 4 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, habilita a la persona titular del departamento ministerial con competencias en función pública a dictar las normas necesarias para adaptar los procedimientos de provisión al nombramiento de personal directivo, como una especialidad en el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.

La solución alternativa no regulatoria supondría no cumplir con lo establecido en el PRTR, arriesgando parte del cuarto desembolso realizado por la UE en el marco de los Fondos Next Generation. Además, aunque la regulación del directivo público profesional pueda aplicarse desde su entrada en vigor, existen varios elementos que requieren de desarrollo normativo para alcanzar su máxima efectividad.