La violencia de género es una de las formas más graves de discriminación que persisten en nuestra sociedad, reflejando la desigualdad entre hombres y mujeres y perpetuando roles tradicionales.
La Administración General del Estado (AGE) trabaja para garantizar un entorno laboral libre de discriminación y acoso. Es crucial centrarse en la prevención, detección y erradicación de la violencia contra las mujeres, asegurando que las víctimas reciban atención, protección.
El Real Decreto 247/2024 refuerza este enfoque al establecer un protocolo de actuación frente al acoso sexual en el ámbito laboral, manifestando la tolerancia cero hacia el acoso. Facilita la identificación de conductas de acoso sexual y discriminación por sexo, garantizando un mecanismo accesible y confidencial para las víctimas.
Además, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género establece la hoja de ruta para las políticas públicas, promoviendo la sensibilización y formación de los agentes implicados.