En materia de responsabilidad social, las administraciones públicas tienen un rol fundamental como motor e impulsor de la responsabilidad social en España.

La Administración General del Estado (AGE) estructura su compromiso en tres bloques clave. El primero aborda políticas medioambientales y de movilidad sostenible, promoviendo un uso eficiente de los recursos y desplazamientos responsables por parte del personal. El segundo bloque se enfoca en el bienestar laboral, implementando medidas de conciliación, salud, igualdad y formación. El tercero se dirige al entorno social, asegurando un acceso equitativo a los servicios públicos y contribuyendo al desarrollo social y cultural.

Como organización que presta servicios a la ciudadanía, la AGE debe ser cada vez más eficiente, respetuosa con el entorno social y ambiental, velar por el desarrollo profesional y el bienestar de sus empleados, reflejando así su compromiso con los principios de responsabilidad social.