La Dirección General de Función Pública elabora estos estudios con el objetivo de ofrecer una visión lo más amplia posible sobre la distribución de los efectivos en  la Administración General del Estado (AGE) en función de su edad, con la finalidad última de analizar el posible impacto futuro que tendrán las jubilaciones y las  posibles bajas derivadas del envejecimiento del personal.