La modernización de la Administración Pública es una política tractora incluida en el Plan España Puede cuyo objetivo es alcanzar  una Administración Pública del siglo XXI. Cabe destacar la regulación, de acuerdo con las organizaciones sindicales, CCAA y FEMP de la prestación de los servicios de la AGE a través de medios telemáticos -teletrabajo-, como norma básica.

A este mismo compromiso de modernización de las AAPP y, en concreto de la AGE, contribuyen acciones en 2020 como la descentralización de los procesos selectivos a través de la UNED o la implementación del programa de 'Captación del Talento'.

En esta estrategia se incluyen debates para 'Repensar la Selección' de las futuras empleadas y empleados públicos y jornadas de promoción del empleo público con estudiantes universitarios o de formación profesional. Sólo en el curso 2019/2020 participaron más de 7.000 alumnas y alumnos en estas actividades divulgativas.

Al ámbito de la Función Pública, también pertenece la aprobación del III Plan para la Igualdad de Género en la AGE, que incorpora indicadores de impacto y medidas de carácter transversal, y la subida salarial del 0,9% que recogen los PGE-21, a la que cabe añadir el incremento retributivo del 2% aplicado en enero de 2020.

Cabe destacar la aprobación de la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2020, que suma 28.055 plazas para la Administración Pública Estatal y que contiene la mayor convocatoria de promoción interna de la historia con un total de 8.996 plazas. Resulta también reseñable el   acuerdo sobre encuadramiento de personal laboral alcanzado en 2020, un acuerdo histórico con los sindicatos para la nueva clasificación profesional que afecta a más de 34.000 empleadas y empleados públicos actualizada de acuerdo con el sistema educativo vigente y el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Por otro lado, MUFACE y el INAP han elaborado sus planes estratégicos para los próximos años enfocados a la modernización de la Administración.

En el ámbito de la Transparencia y Buen Gobierno se ha aprobado el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024, como resultado de un proceso participativo de todas las administraciones públicas y la sociedad civil.

La actividad regulatoria emprendida en el ámbito de Función Pública en 2020, tendrá continuidad en 2021 con avances en el Anteproyecto de Ley de Función Pública de la AGE, para el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.