La conectividad digital constituye un factor clave para el desarrollo de la actividad económica, para el aumento de la productividad, el impulso a la innovación y la vertebración territorial y social. Gracias a los programas públicos y privados de inversión durante las pasadas décadas, España dispone de una importante red de banda ancha y de infraestructuras estratégicas esenciales para el despliegue pleno de la nueva generación de telefonía móvil 5G.

El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales desarrolla el primero de los objetivos de la Agenda España Digital 2026: garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha Digital entre zonas rurales y urbanas. También tiene entre sus objetivos convertir España en el hub de conectividad digital del sur de Europa y en un polo de infraestructuras digitales de interconexión transfronterizas.

El Plan para la Conectividad tiene prevista una inversión pública de 4.320 millones de euros hasta 2025, de los cuales 2.000 millones de euros son inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones transpone la Directiva 2018/1972, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018 por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

La nueva ley incorpora medidas para incentivar e impulsar las inversiones en el sector de las telecomunicaciones. También introduce mejoras para facilitar el despliegue de redes de muy alta velocidad, impulsar el despliegue de 5G, revisar el marco legal de los servicios de emergencia y avanzar en el refuerzo de la protección de los derechos de los usuarios.

El texto va más allá del ámbito de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas para regular, entre otros, aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y a todos los usos del dominio público radioeléctrico.