La Dirección General de Gobernanza Pública firma convenios con determinadas organizaciones profesionales y sociales para la identificación de cargas administrativas y simplificación de procedimientos. Los procedimientos identificados son distribuidos a los Departamentos gestores para su análisis y valoración de la viabilidad de modificación.
A través de estos convenios, la Administración General del Estado potencia la participación activa del sector empresarial y social en su política de reducción de cargas, y se enfatiza el papel complementario que ejercen empresas y asociaciones en la valoración de la normativa en vigor, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de gobierno abierto que tiene esta Administración.
Las alianzas que, desde 2008, se vienen firmando y manteniendo con entidades empresariales (Cámara de Comercio de España y CEOE-CEPYME), con el sector de los autónomos (ATA y UPTA), con la Economía Social (CEPES) y con entidades representativas de los derechos de las personas con discapacidad (CERMI) y mayores (Plataforma de Mayores y Pensionistas) son un vehículo estable que se puede escalar a un nuevo nivel, de mayor ambición, si se encuentra la complicidad de Economía, y que además goza del favor y reconocimiento de instancias como la Comisión Europea y la OCDE.
Los convenios firmados en 2023 previeron una duración de dos años, que posteriormente fue prorrogada para el año 2025.
A continuación, se muestra una tabla con el número de convenios firmados hasta la fecha por organización.
En 2024 se firma Adenda de prórroga de los convenios firmados con CEOE-CEPYME, Cámara de Comercio, ATA, CERMI, CEPES, UPTA y PMP en el bienio 2023-2024, para el año 2025.
Las propuestas recibidas de las organizaciones firmantes son analizadas por los Ministerios gestores para valorar su viabilidad y puesta en práctica. Todas ellas se recogen en un informe anual.
Se puede consultar el informe global de seguimiento de la anualidad 2023, resultado de los convenios bienales 2023-2024 (incluye resumen ejecutivo)
Respecto a los convenios de años anteriores, se pueden consultar los siguientes informes:
Resumen ejecutivo de convenios de reducción de cargas administrativas año 2020
Resumen ejecutivo de propuestas de convenios 2019
En los Informes anuales de Simplificación y Reducción de Cargas figuran como anexo los resúmenes ejecutivos de los informes de los convenios de reducción de cargas.
Se pueden consultar en el siguiente enlace:
En un contexto de gobierno abierto y participativo, y como forma de potenciar la participación activa del sector empresarial y social en la política de reducción de cargas administrativas, se promueven actuaciones para conocer el efecto que la normativa en general y los procedimientos en particular tienen sobre los colectivos a los que van dirigidos, y explorar vías de mejora
Para la identificación de estas vías de mejora, las organizaciones firmantes de los convenios desarrollan jornadas y foros de discusión con empresas, emprendedores y autónomos que permiten un contacto directo para conocer sus necesidades, impresiones y valoraciones, y en las que pueden manifestar directamente a la Adminstración sus propuestas de simplificación.
Estas actividades se realizan tanto de forma presencial como a distancia, haciendo uso para ello de medios electrónicos.
A título de ejemplo, se indican algunas reuniones mantenidas en este contexto:
Otros ejemplos de reducción efectiva de cargas y simplificación administrativa en el ámbito del departamento de Economía, y que proceden de los convenios que impulsa nuestro ministerio serían, recientemente:
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha incluido en su reciente informe “OECD Regulatory Policy Outlook 2025” una referencia explícita a la colaboración entre el Ministerio y CERMI en la identificación y reducción de barreras administrativas que afectan a las personas con diversidad funcional en España. El informe destaca, en particular, el proceso participativo a través del cual CERMI ha identificado 112 propuestas para la reducción de cargas administrativas, así como el hecho de que un 42% de estas propuestas ya se habían implementado a abril de 2024.
