La Cámara de Comercio de España, a través de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la Dirección General de Gobernanza Pública, celebraron un encuentro el 30 de octubre para que las empresas tinerfeñas puedan trasladar a técnicos de la Dirección General de Gobernanza Pública las trabas burocráticas que enfrentan en la gestión de los trámites vinculados al ámbito energético, lucha contra el cambio climático, economía circular y sostenibilidad, entre otros.

Esta acción se enmarca dentro del convenio firmado por la Cámara de España y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que prevé que, durante el año 2020, se celebren jornadas técnicas con empresas sobre la tramitación administrativa en los campos indicados.  A este encuentro han asistido un total de quince empresas  y la participación ha sido tanto presencial como telemática.

El encuentro estuvo presidido por el presidente de la Cámara,  quien hizo hincapié en la necesidad de simplificar los trámites administrativos que enfrentan las empresas y que limitan su capacidad de inversión y de competitividad, más si cabe en el entorno de la pandemia, donde las empresas necesitan más que nunca la mayor agilidad posible para salvaguardar sus negocios.

Empresas tinerfeñas del sector de las energías, reciclaje, sector industrial y consultores medioambientales, también han participado en el encuentro técnico, para trasladar al Ministerio los problemas que enfrentan, así como los trámites específicos susceptibles de simplificación o eliminación. 

La Dirección General de Gobernanza Pública, remitirá las propuestas a los centros gestores de cada materia para su valoración y posible puesta en práctica para tratar de agilizar la burocracia existente a la hora de llevar a cabo proyectos empresariales.

Estas reuniones constituyen un punto de encuentro entre la Administración General del Estado y los empresarios para avanzar en la simplificación administrativa, con especial atención a las pymes. Se trata de conformar un foro en el que las empresas conozcan las actuaciones que se están llevando a cabo desde la AGE y las distintas instituciones en materia de reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación, y a su vez, puedan manifestar los obstáculos que encuentran y que les restan competitividad.