El Pleno del Foro de Gobierno Abierto, integrado por 32 representantes de las Administraciones Públicas y otros 32 en representación de la sociedad civil, ha dado su visto bueno al IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024.

El IV Plan es resultado de una estrategia común y compartida entre los distintos actores públicos y privados, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 y, en particular, con su ODS 16, relativo a la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

El IV Plan de Gobierno, está integrado por diez compromisos: nueve de ellos, asumidos  por la Administración General del Estado y otro referido a iniciativas formuladas por las Administraciones Autonómicas y locales, a través de la FEMP.

Los compromisos de la Administración estatal asumidos en este IV Plan son los siguientes:

• La reforma del marco regulatorio de la transparencia, que incluye  la reforma de la Ley de transparencia y la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos. También se aprobará del reglamento de la vigente ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno
• Plan de mejora y refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas. Este compromiso se concretará en medidas como la mejora del Portal de la Transparencia, con la ampliación de la publicidad activa y rendición de cuentas a la ciudadanía, facilitando el seguimiento de planes públicos, informando sobre su cumplimiento.

• Plan de mejora de la participación ciudadana. Este Plan incluye el desarrollo de una Plataforma de Participación en el Portal de la Transparencia y la evaluación y mejora de la participación  en planes y programas públicos, a través de medios electrónicos y de redes sociales y en órganos colegiados. Además, se contempla la creación de Laboratorios de innovación para promover la participación en políticas públicas. 
• Huella normativa. Este compromiso se traducirá en el desarrollo de un sistema que mejore la trazabilidad del proceso de elaboración de las normas y de la participación ciudadana en los trámites de consulta previa, información pública y tramitación normativa.
• Sistema de integridad pública. Esta iniciativa se concreta en el diagnóstico y mejora de los sistemas de integridad pública, a través de mapas de riesgos, códigos de conducta, encuestas de clima ético, guías de autoevaluación y formación de empleadas y empleados públicos
• Incluye también la regulación de un registro de lobbies obligatorio, la modificación de la ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas  y el refuerzo de la Integridad pública en ámbitos sectoriales específicos como el de la inteligencia artificial
• Protección de denunciantes. Para cumplir este compromiso, se procederá a  la transposición al ordenamiento jurídico español la Directiva sobre protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la UE. Con ello, España contará con un marco jurídico uniforme que garantice la protección de las personas que faciliten información para la detección de delitos o infracciones legales en el seno de una organización, ya sea pública o privada.
• Educación y formación. Se incluyen acciones educativas en Gobierno Abierto dirigidas a la ciudadanía en general y al público experto, la elaboración de una guía sobre gobierno abierto, así como la formación  de empleadas y empleados públicos. También se ha programado una acción específica  para reducir la brecha digital, a través de la formación y acreditación de competencias de  la mujer rural.
• Comunicación inclusiva en Gobierno Abierto. Con la finalidad de dar a conocer los valores del gobierno abierto, este octavo compromiso recoge un Plan de comunicación inclusiva, la promoción del Gobierno Abierto a nivel internacional, la investigación y debate avanzado en Gobierno Abierto y la difusión de la producción científica.
• Observatorio de Gobierno Abierto, en el que inicialmente participarán doce ministerios, pretende reconocer y difundir las buenas prácticas que desarrollen las AA.PP. a lo largo de los próximos cuatro años.

El IV Plan de Gobierno Abierto es  resultado de un intenso proceso participativo que toma como referencia un Documento Marco, acordado en 2019, en el seno de la Comisión Sectorial de Gobierno abierto en la que participan todas las Administraciones Públicas españolas y la comisión permanente del Foro de Gobierno Abierto en el que está representada la sociedad civil.

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