Consulta pública para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales

La presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de organizaciones representativas, la opinión del conjunto de la ciudadanía sobre los siguientes aspectos:

1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
2. La necesidad y oportunidad.
3. Los objetivos.
4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los interesados pueden realizar observaciones y comentarios en relación no sólo con las cuestiones expresamente planteadas en la presente consulta, sino sobre cualesquiera otras que consideren relevantes

El desarrollo de Internet y la sociedad digital ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, nos comunicamos y realizamos nuestras actividades sociales, laborales, económicas y culturales, constituyendo una auténtica revolución y una fuente inagotable de oportunidades de progreso.

No obstante, también ha conllevado determinados riesgos que suponen un reto para la seguridad, la privacidad y la confianza en el mundo digital, y que deben ser afrontados a través de medidas que garanticen los derechos y libertades de la ciudadanía.

En este sentido, España ya fue el primer país europeo que garantizó una serie de derechos digitales relacionados con internet, gracias a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales impulsada por este Gobierno, que incluyó importantes aspectos como el derecho al olvido en la red, la seguridad y la educación digital o la desconexión digital en el ámbito laboral.

Nuestro objetivo ahora es acometer la tarea de reconocer un espectro aún más amplio de derechos digitales de la ciudadanía. El objetivo es garantizar que los derechos y libertades de los que disfrutamos en nuestra vida offline están igualmente protegidos en el ámbito online.

En una sociedad y economía cada vez más digitalizadas, es fundamental enfrentarse a cuestiones como el derecho a la privacidad y la seguridad, la protección frente a la violencia, la educación, la reducción de las brechas digitales, así como sus dimensiones laborales y civiles. En particular, se debe prestar especial atención a asegurar que la digitalización no deje desprotegidos a los más vulnerables.

Corresponde a los poderes públicos impulsar políticas que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet promoviendo la igualdad de los individuos y de los grupos en los que se integran para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital.

Por todo ello, el Gobierno pretende adoptar una Carta de Derechos Digitales que recogerá los derechos necesarios para la protección digital del conjunto de la ciudadanía y nos permitirá, una vez más, ponernos a la vanguardia europea en relación con el desarrollo de una sociedad digital libre, abierta e inclusiva.

Con el fin de contar con la mayor participación de la sociedad civil, se propone esta consulta pública, cuya finalidad es recabar su opinión, a título individual o a través de asociaciones representativas.

Considerando lo expuesto anteriormente,

1. ¿Cómo considera que nuevas tecnologías digitales afectan a los derechos y libertades ciudadanas?
2. ¿Qué consideraciones éticas cree que se deberían valorar en relación con la sociedad digital?
3. ¿Qué medidas legislativas o políticas públicas propondría?
4. ¿Qué derechos en concreto considera que se deberían incluir o ampliar?

Como posibilidades de respuesta se sugiere abordarlo desde uno o varios de los siguientes puntos de vista:

1. Sectorial (ámbito laboral, administrativo, financiero, educativo, cultural, privacidad, etc.),
2. Reflejo de las nuevas realidades tecnológicas como la inteligencia artificial o el big data
3. En relación con las personas destinatarias, en particular los colectivos potencialmente vulnerables y las diferentes brechas (digital, de género…) que padece la sociedad.
4. Medios de comunicación y redes sociales
5. ¿En qué ámbitos se debería profundizar e incidir para garantizar que los derechos de los que se disfruta fuera de línea sean también respetados en línea?

Forma parte del propio proceso de consulta el planteamiento de diferentes soluciones alternativas.

Las contribuciones deberán cursarse a la dirección de correo electrónico derechosdigitales@economia.gob.es, hasta el 24 de julio de 2020, haciendo constar en ellas:

• Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante
• Organización o asociación (si corresponde)
• Contacto (correo electrónico)

Con carácter general, las respuestas se considerarán no confidenciales y en consecuencia de libre difusión. Las partes de la información que se desee se consideren como confidenciales deberán ser específicamente señaladas y delimitadas en el propio texto.