Ayer, 1 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva el Proyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, norma con la que se pretende promover una verdadera cultura de la evaluación mediante el establecimiento de una sistematización del análisis de las diversas medidas y políticas puestas en marcha por el Ejecutivo. 

La aprobación de esta norma constituye uno de los hitos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ofreciendo un enfoque integral, transversal y participativo para mejorar la eficacia de las políticas públicas.

La pretensión del Gobierno con esta Ley de Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado es reforzar el valor de la evaluación de esas políticas, promover una verdadera cultura de la evaluación en la administración y sistematizar las evaluaciones ‘ex ante’ de las políticas públicas.

De esta forma, con esta norma se pretende que la evaluación de las políticas públicas sirva para hacer más eficaz la asignación de los recursos y para optimizar el proceso de toma de decisiones; para impulsar la innovación en las actuaciones del sector público, encaminadas hacia una gestión moderna y útil para solucionar los problemas y retos sociales; y para avanzar en el control de responsabilidades y la rendición de cuentas.

La norma introduce un enfoque transversal, integral y participativo a la hora de medir el impacto de las políticas públicas en la ciudadanía. De esta forma, se fortalecen las capacidades del sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, proporcionando las herramientas para analizar el impacto de las políticas con un enfoque más amplio que el meramente presupuestario o vinculado al gasto.

Así, se tendrán en cuenta otras variables, como pueden ser la perspectiva de género, el equilibrio intergeneracional, el reto demográfico, la transformación digital o la sostenibilidad social y medioambiental. Asimismo, en el trámite parlamentario se han añadido otras variables como las relacionadas con la infancia, empleo o justicia social.

La nueva norma contempla la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para coordinar, supervisar e impulsar el sistema público de evaluación y de acompañamiento, apoyo y tutela a los departamentos ministeriales

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