El Consejo de Ministros en su reunión de 19 de abril, aprobó el Anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, una norma que servirá para fortalecer, sistematizar y dar estabilidad y calidad al proceso de análisis de las diversas políticas puestas en marcha por el Estado Central.
La evaluación de las políticas públicas está consolidada como una herramienta de mejora y de aprendizaje de las acciones de gobierno, para favorecer la toma de decisiones, proponer eventuales correcciones y, en última instancia, para rendir cuentas a la ciudadanía.
La aprobación de esta norma, constituye uno de los hitos del Componenete 11 del Plan de Recuperaión, Transformación y Resiliencia, relativo al refuerzo del sistema de evaluación de las políticas públicas.
Los principales elementos que contempla la nueva norma son el establecimiento de un mecanismo de planificación estable de evaluación para toda la Administración General del Estado, para lo cual se diseñará un sistema de indicadores comunes. Además, se pretende reforzar la evaluación ‘ex ante’, previo a la aprobación de las políticas públicas, y se quiere emplear los resultados de las evaluaciones para mejorar esas políticas.
Se pretende fomentar, asimismo, una cultura evaluadora en el conjunto de la Administración, propiciando un cambio en los paradigmas al integrar la evaluación de políticas públicas como herramienta de mejora, rendición de cuentas y transparencia. En este sentido, no se parte de cero, ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) cuenta con una dilatada experiencia en la evaluación ‘ex post’ de revisión del gasto público. Por tanto, lo que el Gobierno pretende con esta ley es ampliar este enfoque y dar un carácter transversal a la evaluación de políticas públicas.
Además, la nueva ley contempla la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para coordinar y supervisar el sistema público de evaluación.
Con esta medida, España aborda de manera transversal la evaluación de las políticas públicas, con el fin de analizar y evidenciar el impacto de estas políticas en cuestiones tan determinantes para la sociedad y la mejora del Estado de Bienestar como la igualdad de género, el medio ambiente y la transición energética, la despoblación y el reto demográfico, el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la adecuación a la normativa y las directrices europeas o la adecuada alineación de las distintas intervenciones públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.