El 3 de noviembre, el Consejo de Ministros tomó conocimiento de la actividad desarrollada por la Oficina de Conflictos de Intereses para examinar la situación patrimonial de los altos cargos al finalizar su mandato.

Se trata de una actuación prevista en el artículo 24 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) debe examinar la situación patrimonial de los altos cargos al finalizar su mandato para verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley e informar semestralmente al Gobierno.

El último informe fue elevado a la sesión del Consejo de Ministros con fecha 12 de mayo. El informe elevado ahora al Consejo de Ministros incluye los altos cargos sobre los que se ha examinado su situación patrimonial desde el día 21 de abril hasta el 20 de octubre de 2020.