· El objetivo es reforzar la presencia de las obras audiovisuales europeas en el mercado audiovisual español, impulsar la producción independiente, promover el uso y la difusión de las lenguas oficiales del Estado y de las comunidades autónomas
· Asimismo, se propone fomentar la participación de las mujeres en la creación y dirección de obras audiovisuales
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y del Ministerio de Cultura, ha acordado la aprobación del Real decreto que desarrolla el régimen de promoción de la obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística previsto en la Ley 13/2022 General de la Comunicación Audiovisual. La norma regula las obligaciones de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva en materia de cuotas de emisión y catálogo, prominencia de contenidos y financiación anticipada de obras audiovisuales europeas, así como los mecanismos de control, seguimiento y supervisión de dichas obligaciones.
El objetivo es reforzar la presencia de las obras audiovisuales europeas en el mercado audiovisual español, impulsar la producción independiente, promover el uso y la difusión de las lenguas oficiales del Estado y de las comunidades autónomas, y fomentar la participación de las mujeres en la creación y dirección de obras audiovisuales.
El ámbito de aplicación comprende a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva lineal y a petición establecidos en España, que operen en el ámbito estatal y sean responsables editorialmente de sus contenidos. Además, recoge determinadas obligaciones de financiación que se extienden a prestadores establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea cuando sus servicios estén dirigidos al mercado español.
Cuota de obra audiovisual europea
El Real decreto prevé cuotas de obra audiovisual europea y diversidad lingüística. Los servicios de televisión lineal deben reservar al menos el 51% del tiempo anual de emisión a obras audiovisuales europeas. Dentro de esta cuota, al menos la mitad debe corresponder a obras en castellano o en otras lenguas oficiales, un mínimo del 10% debe destinarse a obras de productores independientes y, de estas, al menos la mitad deben haberse producido en los cinco años anteriores. Además, se establecen cuotas específicas para las lenguas cooficiales en el caso del prestador público estatal.
Por su parte, los servicios audiovisuales a petición deben garantizar que al menos el 30% de su catálogo esté compuesto por obras audiovisuales europeas, de las que al menos la mitad deberán estar realizadas en castellano o en alguna lengua oficial de las comunidades autónomas. También se fijan cuotas específicas para las distintas lenguas cooficiales. Para dar prominencia de las obras europeas, los prestadores de servicios a petición deben asegurar una visibilidad adecuada de las obras europeas mediante medidas como espacios específicos, destacarlas en páginas principales, facilitar su búsqueda o promoverlas mediante campañas y acciones publicitarias. Quedan excluidos determinados servicios especializados en informativos, deportes, juegos, publicidad o teletexto, así como prestadores con baja audiencia o ingresos reducidos.
Financiación anticipada y promoción de la diversidad lingüística
También establece la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea y promoción de la diversidad lingüística. En este sentido, la financiación anticipada de obra audiovisual europea puede destinarse a películas cinematográficas, películas para televisión, series, documentales y obras de animación. El prestador público estatal debe invertir anualmente el 6% de sus ingresos computables en obra audiovisual europea, con reservas específicas para productores independientes, obras en lenguas oficiales, proyectos creados o dirigidos por mujeres y determinados géneros audiovisuales. Los prestadores privados deben destinar el 5% de sus ingresos computables a esta financiación.
Las obligaciones, recogidas en la Ley General de Comunicación Audiovisual, varían según el volumen de ingresos, estableciéndose requisitos más amplios para quienes superen los 50 millones de euros, obligaciones específicas para quienes ingresen entre 10 y 50 millones de euros y exención para quienes no alcancen los 10 millones de euros.
Lenguas oficiales e igualdad de género
En cuanto a la promoción de las lenguas oficiales y de la igualdad de género se regulan específicamente las inversiones en obras realizadas en castellano y en otras lenguas oficiales de las comunidades autónomas con reglas de reparto basadas en el peso poblacional y mínimos por lengua, así como las contribuciones al fondo destinado a la producción audiovisual en lenguas cooficiales. También computan de forma específica las inversiones en obras dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres.
Asimismo, plantea medidas de control, supervisión y evaluación del cumplimiento. Los sujetos obligados deberán remitir periódicamente información a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre cuotas, prominencia, financiación, obras financiadas e ingresos computables. La supervisión corresponde a la CNMC, que verificará el cumplimiento de las obligaciones, resolverá solicitudes de exención y elaborará informes anuales, con intervención del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).