El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Resolución de 1 de septiembre de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
En este precepto se dispone que para asegurar la transparencia del control del régimen de incompatibilidades previsto en dicha Ley, la Oficina de Conflictos de Intereses elevará al Gobierno cada seis meses, para su remisión al Congreso de los Diputados, un informe, con datos personalizados, sobre el cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar, así como de las infracciones que se hayan cometido en relación con la misma y de las sanciones que hayan sido impuestas, en el que se identificará a sus responsables.
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