La Dirección General de Gobernanza Pública ha publicado la segunda edición del denominado “Mapa de situación de la simplificación de procedimientos en las administraciones públicas”, que pretende ser una herramienta útil y esquemática que oriente a los operadores públicos, a las personas usuarias de sus servicios y a cuantos tengan interés en la calidad normativa y la simplificación administrativa. El objetivo es facilitar la interpretación de datos y extracción de conclusiones a través de la recopilación de información que, de otro modo, puede tender a expresarse de modo complejo, heterogéneo y desagregado.

Esta edición supone la actualización de la versión publicada en 2021, tras el impulso que el Ministerio de Hacienda y Función Pública planteó en el contexto de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos, con el fin último de conocer la situación como foto fija en el momento de su publicación, así como su evolución e identificar sinergias entre distintos actores y ámbitos territoriales.

El documento se despliega sobre cuatro ejes fundamentales: Análisis de cargas administrativas en las memorias de análisis de impacto normativo; actuaciones y participación de empresas y ciudadanía, a través de – por ejemplo- firma de acuerdos o establecimiento de canales de comunicación específicos; actuaciones de la administración que liberen de trámites redundantes a los ciudadanos y empresas, al tiempo que facilitan que las empleadas y empleados públicos centren sus esfuerzos en tareas que aporten un valor añadido; y análisis de la aplicación y evolución del principio de compensación de cargas.

Por otra parte, el Mapa tiene una vocación claramente comunicativa y divulgativa, dirigida a la sociedad en general, a las instancias europeas e internacionales y a los operadores económicos. De este modo, pretende transmitir la decidida toma de conciencia por parte de las administraciones públicas a la hora de legislar de una manera adecuada, depurar el ordenamiento jurídico de requisitos innecesarios, optimizar procedimientos y estimular el diálogo con las personas y sectores a quien afectaran dichas normas.

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