·       Este IV Plan fija su atención en la brecha salarial, planteando un estudio sobre la desigualdad retributiva, en la conciliación, con medidas dirigidas a trabajadores con personas mayores dependientes a su cargo, y en la consolidación de un entorno laboral libre de cualquier situación de violencia de género

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y del Ministerio de Igualdad, ha aprobado este martes el IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los órganos públicos vinculados o dependientes de ella.

El acuerdo persigue la eliminación de las desigualdades de género que puedan existir en el seno de la AGE, impulsando una presencia equilibrada de hombres y mujeres en todas las categorías y escalas, garantizando la equidad efectiva de trato y de oportunidades, así como en los distintos puestos de trabajo.

“Este plan es fruto del acuerdo, del diálogo social y del acuerdo con las principales formaciones sindicales y más representativas en la Administración Pública y recoge medidas que vienen recogidas en el nuevo Pacto contra la Violencia de Género”, ha destacado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

El Plan persigue hasta 20 objetivos por medio de 45 actuaciones que tienen que ver con la transformación de las organizaciones; sensibilización, formación y capacitación; condiciones de trabajo y desarrollo personal; corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, personal y familiar; y violencia contra las mujeres.

Para mejorar el conocimiento del grado de igualdad en la AGE, el plan contempla la recogida periódica y sistematizada de datos en materia de igualdad para asegurar la evolución continua de los avances y la detección de áreas de mejora.

Este documento ha sido objeto de negociación en el seno de la Comisión Técnica de Igualdad de Oportunidades y Trato de Mujeres y Hombres. Además, el texto definitivo fue presentado ante la Comisión Técnica del pasado mes de junio y, posteriormente, recibió la aprobación de la Mesa General de la Administración General del Estado, con el respaldo de las organizaciones sindicales.

Estudio de la brecha salarial y plan de actuación

Entre las principales novedades del nuevo Plan, destacan las medidas dirigidas a consolidar la igualdad retributiva entre empleados y empleadas de la Administración. Para ello, el proyecto propone un estudio sobre la brecha salarial en la AGE, así como el desarrollo, en caso necesario, de un plan de actuación para eliminar las diferencias salariales por razón de sexo. Además, defiende la representación equilibrada de mujeres y hombres en la provisión de puestos de responsabilidad.

Asimismo, el proyecto contempla promover la captación del talento en cuerpos donde exista infrarrepresentación, además de fomentar la participación de empleadas públicas en el conocimiento de las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). El Plan también impulsa la formación en materia de igualdad de género en todos los niveles de la Administración o a través de la inclusión de contenidos temáticos en temarios de los procesos selectivos de oferta pública, entre otros.

Conciliación de la vida laboral, personal y familiar

El texto también hace hincapié en aquellas acciones encaminadas a avanzar en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar con el fin de lograr una igualdad real. El documento concluye que el 75% de los permisos no retribuidos en la AGE corresponde a mujeres. Y es que, según se indica, estas siguen siendo las que asumen la mayor parte de las responsabilidades acerca de las tareas domésticas y el cuidado de menores y mayores.

En este sentido, el Plan incluye en la modalidad de jornada intensiva de verano, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, al personal de la AGE que tenga a su cargo personas mayores dependientes. Además, trata de mejorar la conciliación a través de dar preferencia a estos empleados a la hora del disfrute de vacaciones y permisos por asuntos particulares. Hasta ahora, este derecho solo estaba reconocido para aquellas empleadas y empleados con menores de 12 años a cargo y para el personal que tenga a su cargo a personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, siempre que convivan con la persona solicitante y dependan de esta.

Violencia contra las mujeres

En el área sobre la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres, el programa establece el fortalecimiento de las unidades de igualdad en todos los ámbitos de la Administración, mediante la difusión de los “Puntos violetas”, con el fin de facilitar la información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista. Además, contempla la elaboración de un registro de estas unidades y la puesta a disposición de la ciudadanía, ayuntamientos y organismos, el material para su puesta en marcha.

Consolida asimismo la figura de la ‘asesoría confidencial’ para ofrecer una atención eficaz y segura a quienes lo necesiten. Esta figura jugará un papel clave en la orientación y apoyo a las víctimas, por lo que se mejorará la formación en este ámbito.

También se refuerza el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, con el fin de garantizar su implementación efectiva, así como la mejora de la protección a las empleadas públicas víctimas de esta lacra consolidando un entorno laboral libre de acoso, en el que se protejan los derechos fundamentales y se actúe de forma ágil y efectiva ante cualquier situación de violencia o discriminación.

Entre otras medidas vinculadas a este fin, incluye la ampliación de la reserva del puesto de trabajo de seis meses a un año para las empleadas víctimas de la violencia de género. Esta iniciativa busca brindar un mayor apoyo a estas mujeres para su recuperación, permitiendo también el acceso a permisos retribuidos y medidas de adaptación laboral, según sea necesario.