Un marco regulatorio eficiente y una reducción ambiciosa en cargas administrativas innecesarias en un país son importantes para fortalecer la competitividad y la capacidad innovadora de la economía, y para aumentar la valoración positiva de ciudadanos y empresas hacia las administraciones. La adopción de algunas normas para la limitación de las cargas administrativas pretende establecer una disciplina a los reguladores que oriente a elegir opciones más eficientes y eficaces. Los enfoques de limitación de cargas que se están implantando en los distintos estados de nuestro entorno (UE y OCDE principalmente) se basan en la regla “one in – x out”, que consiste en la compensación de las cargas derivadas de nuevas regulaciones mediante la reducción de las ya existentes.
El Reino Unido fue el primer país de la OCDE en formalizar este planteamiento de compensación como una política oficial del gobierno en 2011 con la introducción del one in – one out. Posteriormente, otros países como Canadá, España, Alemania, Francia, Australia o Corea han seguido aplicando estas medidas.
Los distintos países utilizan varios enfoques de compensación, tales como eliminación de normas existentes, reducción de cargas, proporción de entrada/eliminación, restricción o no de materias/circunstancias que no son objeto de compensación, etc.
En el caso concreto de España, el principio de compensación de cargas se aplica mediante la regla one in - one out, elevada al rango legal por medio del artículo 37 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. Dicho artículo prevé que
“Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias creen nuevas cargas administrativas para las empresas, eliminarán al menos una carga existente de coste equivalente”.
La regla one in- one out establece que cada incremento en cargas ha de ir acompañado de la eliminación de otra existente. El objetivo es que no se produzca ningún incremento neto.
La compensación de cargas administrativas generadas como consecuencia de las normas publicadas por los Ministerios puede equilibrarse con la reducción que suponen, tanto otras normas publicadas que disminuyen cargas administrativas, como las medidas de ahorro para ciudadanos y empresas incluidas en el Plan de Simplificación y Reducción de Cargas que elabora anualmente cada Ministerio.