El Foro de Gobierno Abierto, un espacio de participación y diálogo permanente entre las administraciones públicas y la sociedad civil, aprobó ayer el V Plan de Gobierno Abierto 2025/2029, “un ambicioso documento que recoge las aportaciones de la sociedad civil y es fruto de la colaboración interadministrativa”, en palabras de la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, quien presidió la reunión del pleno celebrado en Vitoria-Gasteiz.
El plan recoge un conjunto de acciones y compromisos que asume la administración pública, en colaboración con la ciudadanía y otras organizaciones, para promover la transparencia, la participación ciudadana, la integridad pública y la rendición de cuentas. Se compone de 218 iniciativas, distribuidas en diez compromisos, logra la sinergia con otros planes, asegura la coherencia con los desafíos propuestos por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y con las demandas ciudadanas, y refuerza la participación.
El documento aprobado tiene puntos de conexión con el Consenso por una Administración Abierta, Plan de Acción por la Democracia y Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. En consecuencia, y respecto al primero de ellos, se va a poner en marcha un nuevo Portal de Transparencia: el de los derechos a saber, entender y participar; y se van a interconectar los servicios de atención a la ciudadanía.
Del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, además del anteproyecto de ley de Administración Abierta, Registro de Grupos de Interés y la implantación de Sistema de Integridad, se adoptan medidas como la transformación de la Plataforma de Contratación del Sector Público con big data e Inteligencia Artificial, la Estrategia Nacional Antifraude y la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, como órgano central de la prevención, supervisión y persecución de la corrupción.
La relación con el Plan de Acción por la Democracia cristaliza con la realización de la IX Cumbre Global de Gobierno Abierto en Vitoria.
El V Plan de Gobierno Abierto se inició con un proceso de escucha activa, elaboración conjunta y consulta pública, y es el resultado de la colaboración de organizaciones de la sociedad civil con las administraciones públicas. Así se han recibido un total de 620 aportaciones de la sociedad civil y más de 300 propuestas de ministerios, comunidades y ciudades autónomas y representantes de las entidades locales.
En la reunión presidida por la secretaria de Estado, mostraron su apoyo al plan Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura, Illes Balears, Comunidad de Madrid y Castilla y León, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), así como los representantes de la sociedad civil: ASEDIE, APRI, Asociación de Mujeres en el Sector Público, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Catedráticos y Profesores de Universidad, Plataforma del Tercer Sector, Consejo de Consumidores y Usuarios, Transparencia Internacional de España y Acredita.
La reunión contó con observadores del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Comisionada de Transparencia en Canarias, Mecanismo de Revisión Independiente de OGP (IRM), Unión Profesional, Asociación de Dirección Publica Profesional y Oficina Antifrau de Catalunya. Como expertos, Joaquín Meseguer y la Asociación Political Watch.