● Su participación se ha enmarcado en la presentación del informe “Governing with AI” llevado a cabo por la institución, en la que se han compartido buenas prácticas desarrolladas por los distintos países

● “España está plenamente alineada con la Ley europea de IA, que establece obligaciones claras en materia de transparencia, seguridad y protección de los derechos fundamentales”, ha dicho el ministro 

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha presentado ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las principales líneas de la próxima Estrategia de Transformación Digital 2026-2030 del Gobierno de España con medidas específicas dirigidas al uso de la inteligencia artificial en la Administración Pública. En el marco de la presentación del informe “Governing with AI” realizado por la institución, el titular ha destacado el valor del uso de la IA para modernizar la Administración y mejorar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

“El Gobierno de España está decidido a convertir la IA en un pilar esencial para modernizar la gestión, agilizar los procedimientos y mejorar los servicios. El propósito es claro, garantizar que la inteligencia artificial se implemente de forma segura, eficaz y responsable en todas las áreas de gobierno para que la ciudadanía perciba una mejora real en su relación con la Administración Pública”, ha defendido.

Óscar López ha recordado algunos de los proyectos  por los que ha apostado el Ejecutivo español para lograr estos objetivos como la Plataforma Soberana de IA, el Centro de Excelencia en IA o el impulsor de Casos de Uso de Inteligencia Artificial. “El futuro de la IA en la administración pública dependerá no solo de casos de uso aislados, sino también de la infraestructura y los mecanismos de gobernanza que los hagan escalables y seguros. España está preparando iniciativas estratégicas que definirán este enfoque”, ha añadido.

El ministro también ha aludido a hitos del Ejecutivo en esta materia como la creación de la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la Carta de Derechos Digitales y el Observatorio de Derechos Digitales. “España está plenamente alineada con la Ley europea de IA, que establece obligaciones claras en materia de transparencia, seguridad y protección de los derechos fundamentales”.

Asimismo, se ha referido a algunos de los proyectos piloto en los que se está testando el uso de la IA, desarrollados dentro del GobTechLab, como un sistema de prevención de incendios forestales para mejorar la predicción y la respuesta temprana, un asistente de IA para la internacionalización de pequeñas y medianas empresas, algoritmos para la detección de la corrupción en la contratación pública, o la automatización de la burocracia judicial. “España concibe la inteligencia artificial como una herramienta estructural para transformar la Administración Pública, impulsar nuestras economías y mejorar nuestra calidad de vida”, ha subrayado.

Además, ha destacado algunos casos de éxito de uso en diferentes áreas de gobierno con beneficios para la ciudadanía, como la automatización de subvenciones para pymes, con una reducción de tiempos de tres horas a tres minutos, la clasificación automática de documentos, al aplicar algoritmos semánticos a las resoluciones judiciales.

“España ya está impulsando proyectos como la clasificación automática de documentos legales y la anonimización de datos para portales de transparencia. La combinación de una infraestructura soberana y una gobernanza sólida, junto con la supervisión humana y la explicabilidad, representa la próxima frontera de la IA en la administración pública”, ha concluido Óscar López.

Informe “Governing with AI”

El estudio de la OCDE presentado hoy analiza dos centenares de casos reales de hasta once áreas de la Administración para identificar tendencias, beneficios y riesgo en la implantación que los países líderes del organismo internacional están desplegando para una IA confiable en el sector público. Entre sus principales conclusiones, destaca el uso de la inteligencia artificial para automatizar procesos, personalizar servicios públicos, mejorar la toma de decisiones o detectar fraudes, así como para mejorar la calidad del trabajo de los empleados públicos.

En el caso de España, el estudio destaca el GobTechLab español para desarrollo de pilotos IA, que identifica escenarios donde la inteligencia artificial puede impactar en las administraciones públicas, logrando una mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos, reduciendo la carga de trabajo o mejorando la atención al ciudadano. Así como la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) y el Consejo Internacional de Asesores IA.