El pasado 18 de septiembre se reunió el grupo de trabajo interministerial de seguimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018 que actualizaba las causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público.
El grupo de trabajo estuvo presidido por el Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, y también asistieron los subsecretarios de Presidencia, Sanidad, Hacienda, Interior y Defensa, además del Secretario General de Función Pública, Javier Rueda, y la Directora General de Función Pública, Isabel Borrel.
El acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, que actualiza las causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público tiene por objeto eliminar las exclusiones genéricas de los procesos selectivos de posibles aspirantes con enfermedades que no impiden el normal desarrollo de las tareas encomendadas al empleo público.
Con ello desaparecen las barreras para acceder a determinados cuerpos de funcionarios: Vigilancia Aduanera,Instituciones Penitenciarias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas.
El acuerdo supone la eliminación del VIH, la diabetes, la enfermedad celíaca y la psoriasis de las causas genéricas de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público en todas las convocatorias que se publiquen con posterioridad a la la fecha de adopción del mismo y, en todo caso, a partir de las derivadas de la Oferta de Empleo Público de 2020.
Los representantes de los distintos departamentos ministeriales presentes en el Grupo de Trabajo han confirmado el balance positivo de la aplicación del acuerdo llevada a cabo hasta ahora y han abordado, con resultado satisfactorio, el procedimiento y los plazos a seguir para acometer las revisiones de las convocatorias que quedan pendientes.
A partir de este momento comienzan los trabajos de carácter técnico que, bajo criterios médico científicos, revisarán los catálogos de exclusiones de forma que el mero diagnóstico de una enfermedad, no será causa genérica de exclusión, sino que habrá que tener en cuenta, además, los avances médicos y la evidencia científica y la situación clínica de cada paciente.
Se trata de de un espaldarazo defintivo a la integración de las personas con enfermedades no invalidantes para el desempeño de un empleo público.