Óscar López anuncia que el Gobierno ha hecho fijas 321.000 plazas de empleo público, cumpliendo el compromiso con Bruselas

Madrid, 18 de diciembre de 2024.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el Gobierno ha logrado cumplir su compromiso con Europa, reflejado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de estabilizar plazas de empleo público y lo ha hecho superando el objetivo: 321.776 plazas temporales en las administraciones públicas han pasado a ser fijas. “En 2021, cuando nos sentamos con la Comisión Europea, nos comprometimos a transformar 300.000 plazas temporales en fijas antes de 2025. Hoy, 18 de diciembre, hemos alcanzado y superado ese objetivo. Una vez más, el Gobierno de España cumple con lo prometido y logra un hito colectivo”, ha afirmado.

El ministro ha agradecido la colaboración de los sindicatos y de las Comunidades Autónomas en este logro, y ha explicado que ha sido posible gracias al “impulso de una ingente gestión de procesos selectivos” que han implicado la convocatoria de más de medio millón de plazas a todos los niveles. “Los sectores en los que más ha impactado la estabilización son el sector docente y sanitario, profesiones fundamentales para sostener nuestro Estado del Bienestar”, ha explicado el ministro; “nunca se habían convocado tantas plazas en tan poco tiempo”.

Este anuncio se ha producido durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales de su departamento para esta legislatura.

El ministro ha apelado a la colaboración de los grupos políticos en el reto de transformar el modelo económico de España y con él la Administración Pública, “porque el sector público es la mejor garantía para el crecimiento justo”. Y para alcanzar ese objetivo, ha recordado, se ha puesto en marcha el plan Consenso por una Administración Abierta, que implica a todos los agentes interesados: “el Estado como impulsor, los sindicatos como protagonistas, las empresas como colaboradoras y las personas como beneficiarias”. Esta hoja de ruta se estructura en torno a tres ejes estratégicos: la inversión en las capacidades del sector público; una Administración abierta a la ciudadanía, accesible y humanista, y la transparencia, la participación pública y la rendición de cuentas.

Recursos públicos y diálogo social

Respecto al primero de ellos, Inversión en las capacidades del sector público, el ministro ha destacado la importancia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destina un componente específico a la modernización de las Administraciones públicas: “hablamos de más de 6.500 millones de euros para proyectos de digitalización de entidades como el Servicio Público de Empleo Estatal o la Seguridad Social, para mejorar la ciberseguridad del Estado o para el desarrollo de servicios públicos basados en datos”, ha enumerado.

En este punto, el ministro ha enfatizado el papel del Acuerdo Marco por una Administración del siglo XXI, firmado en 2022 con UGT y CCOO, al que hoy “hemos sumado otro gran hito: Esta misma mañana he firmado con ambos sindicatos un acuerdo para recuperar el derecho a la jubilación parcial de los funcionarios públicos”. Este compromiso se alcanzará, ha explicado López, modificando el Estatuto Básico del Empleado Público, para lograr “eliminar una desigualdad injustificada con los trabajadores del sector privado y fomentar la transferencia de conocimiento en el sector público entre los trabajadores más veteranos y las nuevas generaciones”.

Dos nuevas leyes y mejor empleo público

En el diseño de esa Función Pública del futuro, Óscar López ha avanzado la puesta en marcha de dos Leyes: “una nueva Ley de Función Pública, que ya está en esta cámara, y la Ley para la Transformación de la Administración, que enviaremos al Consejo de Ministros el año que viene”, que reforzarán las capacidades de la función pública basándose en dos pilares: la planificación estratégica mediante la Gestión Previsional de Efectivos, que tiene el doble objetivo de simplificar los trámites y atraer y retener el conocimiento, y el acceso al empleo público y la captación de personal mediante en el Plan de captación y retención de talento junior y senior.

El ministro ha indicado que los pasos que ya se están dando en este sentido (diseño de procesos selectivos basados en habilidades y competencias; simplificación y digitalización de los procesos y pruebas; la implantación de un modelo para la gestión eficaz de la igualdad de género en el acceso y carrera profesional o la mejora en los procesos de inclusión de las personas con discapacidad) ya están traduciéndose en “resultados esperanzadores: la edad media de los empleados públicos disminuye por cuarto año consecutivo; el número de efectivos menores de 40 años ha aumentado en más de un 4% en los últimos dos años; por segundo año consecutivo, el número de incorporaciones supera al de bajas; y las mujeres suponen casi el 60% de la fuerza laboral pública”.

López ha enfatizado que el Gobierno sigue trabajando en diseñar unas ofertas de empleo público con mejores condiciones, como ha venido haciendo en los últimos años: 223.000 plazas convocadas en los últimos siete años (más de 40.000 tan solo en el año 2024), subida del salario de los empleados públicos en un 14,9% desde 2018 y elevación del cupo de plazas para personas con discapacidad hasta un 10%. “Si las empresas privadas más competitivas pujan por atraer a los mejores profesionales, el Estado no puede quedarse atrás”, ha asegurado.

Servicios públicos de calidad

En lo que respecta al segundo eje estratégico, una Administración abierta a la ciudadanía, accesible y humanista, el ministro ha situado en el centro de estos proyectos a los ciudadanos, a los que hay que atender facilitando “el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus deberes y el acceso a unos servicios públicos de calidad”. Todo ello, sostiene López, hay que hacerlo a través de “una Función Pública digitalizada, accesible y humanista”.

Los pasos que se han dado en este sentido mediante el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas están dando importantes resultados, ha dicho López: “hemos ahorrado 4 millones de euros gracias a la celebración de juicios telemáticos, y otros 60 millones centralizando el contrato de servicios de telecomunicaciones de la Administración General del Estado, y mejoramos las funcionalidades de la web administracion.gob.es y de la línea de atención 060, incorporando nuevos canales como el webchat060 que ya ha atendido mediante su asistente virtual 140.000 consultas desde el año pasado”.

López ha destacado especialmente el papel de Mi Carpeta Ciudadana (“una aplicación pública que triunfa en España y que está revolucionando la relación entre el ciudadano y la administración digital”), de la que ha anunciado una próxima actualización con un perfil específico para atender también al colectivo de las empresas: “Se trata de que el tejido empresarial de nuestro país también se beneficie de la simplificación y modernización de los servicios públicos”.

El ministro ha subrayado que iniciativas como éstas han logrado que “España se sitúe en una posición sobresaliente en servicios públicos digitales, según el Informe de la Década Digital de la Unión Europea, superando a países como Italia, Francia o Alemania. A nivel mundial, la ONU nos sitúa en la posición número 17 de 193 administraciones electrónicas”.

Gobierno abierto

El último eje al que se ha referido el ministro es el de la Transparencia, participación pública y rendición de cuentas. Así, ha recordado el compromiso del presidente del Gobierno, expresado en el mes de julio, de elaborar el Plan de Acción para la Democracia, en sintonía con la iniciativa de la Unión Europea del Plan de Acción para la Democracia Europea lanzado en 2020.

En el marco de este plan, se inscriben iniciativas del Ministerio como la celebración de la cumbre global de la Alianza para el Gobierno Abierto, que tendrá lugar en Vitoria los días 7, 8 y 9 de octubre del próximo año. En ella, ha avanzado López, se presentará la Estrategia de Gobierno Abierto de España, el instrumento en el que se materializará las recomendaciones de la OCDE en transparencia, participación pública y rendición de cuentas de la Administración General del Estado.

Óscar López ha afirmado además que llevará a las Cortes durante la primera mitad de 2025 dos iniciativas legislativas: un Proyecto de Ley de Administración Abierta que ampliará las obligaciones del Estado en materia de transparencia, obligatoriedad de rendición de cuentas semestral y mejora de la participación ciudadana; y el Proyecto de Ley de Grupos de Interés, un marco de transparencia e integridad aplicable a las actuaciones de los grupos de interés en sus relaciones con el personal público del Estado. “España está lista para tener su propia Ley de lobbies”, ha sentenciado.

El ministro ha terminado su intervención con una nueva apelación al consenso: “Afrontemos juntos este reto, defendamos un amplio Consenso por una Administración Abierta. Cuento con ustedes, diputados y diputadas, para que la fuerza de lo público sea cada día mayor”.